El Cabildo y el Gobierno de Canarias lanzan una campaña para la defensa de los derechos laborales

29 de mayo de 2018
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El Cabildo de Tenerife, a través del área de Empleo, y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Empleo de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y su Dirección General de Trabajo, han presentado hoy [martes 29] una campaña para impulsar la defensa de los derechos de los trabajadores mediante la cual se incide sobre el procedimiento para denunciar presuntas infracciones laborales.

La iniciativa se enmarca dentro del Pacto de Rentas promovido por la Corporación insular para generar un empleo de calidad y estable en Tenerife y cuenta con la colaboración de los sindicatos, la CEOE y la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. De esta forma, el Cabildo y el Gobierno de Canarias distribuirán dípticos en sus centros y difundirán a través de las redes sociales información relativa al procedimiento establecido para realizar una denuncia ante una presunta infracción.

El acto contó con la presencia del Carlos Alonso; el vicepresidente económico, Efraín Medina; la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido; el director general de Trabajo, José Miguel González; y el jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la provincia tinerfeña, José Trasobares.

Carlos Alonso indicó que “la generación de empleo de calidad no puede consolidarse sin que los trabajadores tengan unas condiciones laborales dignas y hoy sumamos al Pacto de Rentas una nueva iniciativa que está vinculada al desarrollo del trabajo. No solo hay que mejorar los salarios sino hay que promover un empleo de calidad y luchar contra la economía sumergida”. Además, explicó que esta campaña es una pequeña acción orientada a las empresas que trabajan con la Corporación insular para que cumplan con las condiciones laborales de sus trabajadores, que son de obligado cumplimiento.

De igual modo, el presidente del Cabildo añadió que ya se está trabajando con la colaboración de los sindicatos, el Gobierno de Canarias, CEOE y la Inspección de Trabajo para desarrollar un conjunto de acciones “que mejoren la lucha contra la economía sumergida, que es una lacra social”.